He estado hace unos días en un seminario sobre aplicación de la nueva PAC en los  Estados miembros. Uno de los principales miedos que expresaron los diferentes representantes de las organizaciones agrarias y de cooperativas de la UE era la gran diversidad de aplicación de la PAC en cada país y su impacto sobre la competencia entre productores. Sin embargo, al mismo tiempo creían necesario que la PAC debía adaptarse a las diferentes estructuras y agricultura de cada Estado.  ¿no parece una contradicción tales afirmaciones y posturas aparentemente antagónicas?

 La verdad es que no. Estos dos parámetros son dos realidades que pueden y deben ser coherentes entre sí, pero que en aplicación y desarrollo esconden múltiples contradicciones, especialmente cuando el discurso está muy alejado de las intenciones y acciones de los que lo pronuncian. 

Por un lado, es cierto que la UE aspira a la conclusión de un verdadero mercado único y que la aplicación de diferentes PAC en diferentes países podría llevarnos a una mayor distorsión de la competencia. Por el otro, es un hecho que la agricultura y los sistemas productivos difieren de unos territorios a otros, es más, el enfoque país no deja de ser una contradicción, porque cuando alguien enarbola la bandera de su país en esta discusión olvida que dentro de su propio territorio  existen multitud de diferencias estructurales y productivas, como es el caso de España. De hecho el actual Gobierno ya justificó la imposibilidad de una tasa plana en el nuevo Pago Básico  debido a que tal sistema sería incompatible con las grandes diferencias sectoriales y regionales existentes. La realidad es que este argumento se utilizó para mantener un equilibrio en el reparto del presupuesto de las CCAA y no ir contra los derechos adquiridos y las referencias históricas, y es ese el espíritu que ha seguido cualquier decisión de aplicación en España, el equilibrio del presupuesto entre CCAA. 

El mercado interior de la UE está lejos de haberse culminado, existen grandes diferencias estructurales, legales, fiscales, sociales y de compromisos medioambientales entre los Estados miembros como para atreverse a hacer tal afirmación. Lo único que hemos conseguido es unificar fronteras, pero la consecución del mercado único real todavía queda lejos. Y en el caso de la flexibilidad, lo que muchos denominan la subsidiariedad de las políticas comunitarias o, lo que es lo mismo, que las autoridades nacionales apliquen las políticas más adecuadas a su realidad para conseguir los objetivos deseados, se ha convertido  en un  fin político  en sí mismo y se olvida que no se trata de crear una ventaja competitiva con el vecino, ni hacer de su capa un sayo porque yo lo valgo, esa interpretación está muy lejos del espíritu y de los objetivos perseguidos por este principio, ya que centra en la eficiencia de las políticas, no en sus contenidos. 

 La clave está en cómo compensar las desigualdades de manera proporcionada para que todos tengan las mismas condiciones de partida en un mercado único o, mejor dicho, qué condiciones se tienen que dar para que la PAC aporte su grano de arena para conseguir el mercado único. Desde luego, la respuesta no es simple y requiere instrumentos potentes y, seguramente, flexibles para que actúen según el contexto productivo y económico. Sin embargo, la clave no está en cómo sino en quién debe arbitrar estas condiciones. No es ninguna sorpresa, una Comisión Europea independiente, con competencia y con medios materiales y humanos suficientes. Los Estados no pueden ser juez y parte, máxime cuando la responsabilidad final de sus decisiones siempre encuentra el perfecto chivo expiatorio en Bruselas que, paradojas de la vida, son decisiones que ellos mismo toman en el marco del Consejo y del Parlamento Europeo. Mientras no entendamos esto, la evolución de la PAC será una especie de oximorón, es decir, un una política que se reconoce como común pero que en realidad está practicamente nacionalizada. Al Euro este enfoque no le está yendo muy bien, veremos como nos va la PAC.