En mi última entrada comenté las ganas que tenía de escribir algo sobre la cuestión de agricultor activo, que ha sido piedra angular en los debates de la PAC 2020 y su aplicación en España.

Hay que recordar que este concepto se coló en las discusiones debido a un informe del Tribunal de Cuentas de la UE sobre la aplicación del RPU de la ya antigua PAC (Informe Especial Nº 5 de 2011). En el mismo se ponía de manifiesto que no era posible que los pagos desacoplados fueran recibidos por personas o sociedades cuya actividad no tenían relación alguna con la agricultura. A diferencia de lo que suele ocurrir en países como España, cuando el Tribunal de Cuentas de la UE concluye algo el ejecutivo comunitario, en este caso la Comisión Europea, está obligado a presentar propuestas de reforma que vayan en el mismo sentido.

Este planteamiento, desde el punto de vista teórico e institucional encuentra toda su lógica, pero no así desde el punto de vista de la estrategia política. Lo que el Tribunal de Cuentas había puesto de manifiesto es una divergencia total entre la intención del legislador, desvincular la PAC del mercado y de toda actividad económica, como es la producción de productos agrarios, y los resultados que provoca un sistema desacoplado, que convierte a los productores en perceptores y a estos, a la larga, en potenciales gestores de tierra desvinculados de la actividad productiva.

Como es lógico muchos pensamos que esta cuestión, al final, iba a ser otra de tantas disquisiciones teóricas de difícil aplicación, porque la deriva del desacoplamiento estaba muy enraizada y, por tanto, un productor ya no era sólo el que produce sino también el que mantenía las tierras, aunque su actividad no fuera productiva.

España intentó acogerse a este concepto para poder resolver su problema, cómo conseguir cortar el acceso a un número demasiado grande de potenciales perceptores y afrontar la limitación presupuestaria impuesta por un presupuesto menguante. Por un lado, limitó el número de sectores que podía acogerse al nuevo sistema, intentando mantener cierto  status quo que paliase el fin de los derechos históricos. Por otro fue la de aplicó el concepto de agricultor activo como llave de entrada al nuevo sistema pagos con la tan conocida fórmula del 20% mínimo de ingresos agrarios procedentes de la actividad económica agraria .

Con esta propuesta el Gobierno consiguió, gracias a la incertidumbre y a la demora en la aprobación de los diferentes reglamentos, que durante 2014 más de 38.000 perceptores que no cumplían con la regla del 20% cedieran o vendieran sus derechos. Básicamente se consiguió la salida del sistema a aquellos que, no sin razón, eran considerados ya abiertamente como advenedizos al sector o cazaprimas.

Sin embargo, lo que ocurrió a finales del año pasado con la probación de los RD de aplicación de la PAC en España desconcertó, a medias a algunos, al personal. La Comisión Europea no aceptó este enfoque y obligó a reformular el planteamiento de considerar la figura de agricultor activo como llave del sistema. Al final, se mantiene la fórmula pero no como condición de acceso sino como un límite que si se incumple implica estar en situación de riesgo de fraude y, por tanto, será objeto de estrechos controles.

La intención del Gobierno era buena, pero también fue muy optimista en cuanto a la permisividad ilimitada de la Comisión Europea. La realidad es que este debate ha hecho perder mucho tiempo y, en realidad, la mala imagen y el fraude de ley se terminará controlando caso por caso. En el anterior sistema  ya existía una cláusula de elusión (art. 20 del Reglamento 73/2009) por la cual la administración tenía la potestad de impedir el cobro de las ayudas a aquellos que creaban las condiciones artificiales con el único objetivo de percibir la ayuda. Sin embargo, este precepto no fue aplicado, o al menos no de manera extendida. Si se hubiese aplicado a lo mejor hoy no estaríamos hablando de más de 800.000 perceptores PAC y el debate sobre agricultor activo no habría consumido tanto tiempo y recursos. Lo que está claro, es que su control sigue estando en manos de quienes estaba antes, de la administración correspondiente y de su voluntad por aplicar los instrumetnos existentes.